Pintan ruta PY03 para pedir justicia por adolescente que murió en ordeño de combustible

La indignación ciudadana crece ante la falta de avances en la investigación por la muerte de Rodrigo Cañete Ríos, de 15 años, quien perdió la vida mientras manipulada combustible ordeñado en el distrito de Yasy Cañy, Departamento de Canindeyú.

La tensión social aumenta en el distrito de Yasy Cañy, Departamento de Canindeyú, tras el fallecimiento del adolescente Rodrigo Cañete Ríos, de 15 años, quien sufrió graves quemaduras mientras se encontraba en un sitio donde se realizaba el ordeño de combustible.

A medida que pasan los días, la comunidad expresa con mayor fuerza su enojo, apuntando no solo al hecho en sí, sino también a lo que consideran una preocupante inacción de las autoridades.

El malestar se profundiza debido a la percepción de impunidad con la que operarían personas dedicadas a la extracción y posterior comercialización ilegal de combustible en la zona, en la víspera aparecieron pintado el asfalto de la ruta PY03, exigiendo justicia por la muerte del niño y condenando la impunidad en la zona donde operan los ordeñadores.

Pobladores señalaron directamente a la familia Ramírez y, en particular, a Lider Ramírez, como presunta cabeza de un grupo que desde hace tiempo se dedicaría a esta actividad, sin que hasta ahora se registren acciones contundentes en su contra.

De acuerdo con el Ministerio Público, el único detenido hasta el momento es Enrique Martínez, quien sería el chofer del camión cisterna con el que el menor estaba operando al momento del hecho.

Martinez inicialmente fue imputado por producción de riesgos comunes, tras el fallecimiento del adolescente la causa fue ampliada a homicidio culposo.

Sin embargo, para la ciudadanía estas imputaciones resultan insuficientes y no reflejan la gravedad del caso ni el trasfondo que lo rodea.

“No puede ser que solo uno pague mientras los verdaderos responsables siguen libres”, es el sentimiento que se repite entre los pobladores, quienes exigen que la investigación avance hacia todos los involucrados.

En ese contexto, se aguarda que el Ministerio Público amplíe la imputación. El fiscal interviniente, Néstor Narváez, mencionó que no se descarta incluir figuras como contrabando o explotación infantil, considerando que la víctima tenía apenas 15 años, lo que agrava aún más la situación.

Mientras tanto, la comunidad continúa manifestándose y elevando su voz. La exigencia es clara: justicia para Rodrigo y el fin de la impunidad en torno a un esquema que, según denuncian, opera desde hace tiempo sin control ni consecuencias.