Fiscalía imputa a directora de instituto superior por supuesta estafa en Horqueta
Catorce estudiantes cursaron carreras de formación docente durante cuatro años en una institución privada ubicada en Horqueta que carecía de habilitación oficial. El Ministerio Público investiga un perjuicio que supera los G. 30 millones e imputó a la directora.
Catorce personas denunciaron haber sido perjudicadas económicamente tras cursar carreras de formación docente en una institución privada de Horqueta, del Departamento de Concepción, que, según informes oficiales incorporados a la investigación fiscal, no contaba con el reconocimiento correspondiente de los organismos educativos. El Ministerio Público imputó a la directora, quien tiene orden de captura por otro caso similar.
El caso derivó en la imputación de María Estelvina Godoy Alvarenga (43), señalada como directora propietaria del Instituto Superior San Expedito. La agente fiscal Claudia María Huespe García presentó la imputación por el supuesto delito de estafa.
De acuerdo con los antecedentes, los denunciantes habrían cursado durante cuatro años las carreras de Licenciatura en Ciencias de la Educación Escolar Básica y Profesorado en Educación Inicial, entre otras ofertas académicas. Durante ese periodo, abonaron cuotas, aranceles por exámenes, tutorías de tesis y otros conceptos, con la expectativa de obtener sus respectivos títulos universitarios.
Sin embargo, pese a haber cumplido con el periodo de formación y los pagos exigidos, los estudiantes no habrían recibido las documentaciones académicas prometidas. Al realizar consultas ante el Ministerio de Educación y Ciencias, habrían descubierto que no existían registros de sus estudios y que la institución no estaba habilitada para expedir esos títulos.
Los informes del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) señalan que el Instituto San Expedito no figura en la nómina de instituciones de educación superior reconocidas. A su vez, la ANEAES confirmó que el establecimiento no registra antecedentes de participación en procesos de evaluación y acreditación.
Otro informe, remitido por la Universidad Autónoma del Sur (UNADES), aclara que no contaba con una filial habilitada en Horqueta y que el acuerdo suscrito con una representante para la captación de alumnos no la facultaba a habilitar carreras ni expedir títulos en nombre de la universidad.
La investigación identifica a 14 presuntas víctimas y estima un perjuicio económico cercano a G. 30.000.000.






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